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Por: Nelson Fajardo

Sin los aires propios del patrioterismo que infla la estrategia ideológica de la derecha colombiana, lo cierto es que Colombia continúa siendo un país muy importante para instituciones supraestatales del gran capital como el Fondo Monetario Internacional -FMI-.

Préstamos externos de nuevo

La muestra más clara la acaba de entregar a raíz de la solicitud que hizo el gobierno colombiano de un crédito flexible por 10.400 millones de dólares para tener recursos disponibles en el momento que se agrave la economía en el marco de la actual crisis mundial.

Este tipo de créditos tiene como condición que los países prestatarios tengan políticas económicas sólidas, buen nivel de reservas internacionales y buena supervisión del sistema financiero, entre otras. Igualmente, se recurre a su ejecución en caso de situaciones extremas y se tiene un año para decidir si el país prestatario lo desembolsa; en caso de no hacerlo, está obligado a pagar un costo de 27 puntos básicos del valor del préstamo o comisión de compromiso, que se devuelve en caso de hacer uso del crédito. Al hacer uso del mismo, deberá pagar una tasa de interés que oscila entre 2,3 y 2,9 por ciento sobre la de los derechos de giro que se encuentra en 0,46 por ciento y el plazo para 5 años. Se trata, como se puede deducir, de una actitud previsiva y del reconocimiento de la necesidad de recurrir a préstamos externos en caso de agudizarse la crisis.

Desde luego que, por otro lado, este reconocimiento envía mensajes claros sobre la posibilidad de recurrir a gastar de la reserva internacional y elevar el déficit fiscal; situación que deteriora las condiciones para sostener los “éxitos” alcanzados con la “seguridad democrática”.

Impuesto de guerra permanente

A ese apoyo “solidario” de esta institución supraestatal del gran capital, por demás bastante desprestigiada, se agrega la propuesta reciente del gobierno uribista de consultar la posibilidad de convertir en permanente el impuesto para el sostenimiento de la “seguridad democrática”; es decir, convertir en política de Estado el cobro de dicho impuesto.

Esta propuesta parte de la reducción real de los recursos del Plan Colombia debida a la crisis que azota a la potencia imperialista; pero al mismo tiempo al debilitamiento de los recursos propios del orden presupuestal. En éste último caso, el mantenimiento de la maquinaria militar para la guerra desvía enormes recursos que a la larga pone en peligro el mal llamado equilibrio fiscal.

Se trata de una opción que se desata en momentos en que se da por hecho, desde la acción ideológica y mediática, que llegamos al final del fin del conflicto entre el Estado histórico y el movimiento insurgente armado; así como del arreglo pacífico de las “malas relaciones” entre el mismo Estado y los grupos paramilitares que ayudó a organizar con el apoyo de latifundistas, capitales criollos y transnacionales. Esta lógica conduce a refrendar los rescates a sangre y fuego; así como a cerrar todo espacio al intercambio humanitario, ni qué decir de la posibilidad de una solución política Dialogada, pues se concluye que ya arribamos a la etapa del posconflicto. Por su parte, desde la óptica del paramilitarismo, sus estructuras siguen intactas y se reafirma como fuerza de choque de la ultraderecha para el control poblacional y político de la sociedad, mientras que sus encarcelados se confiesan, entregan algunos recursos procedentes de la acumulación violenta de capitales y se potencia el ambiente electoral a favor del proyecto estratégico.

¿Hacia dónde va la crisis?

El posible aumento del endeudamiento y de los impuestos que no estimulan mayores niveles de producción y productividad conducen, a la postre, a situaciones críticas que deterioran la solvencia de la economía, más si se incrementa el desempleo, los bajos ingresos -al respecto Fedesarrollo sigue sosteniendo que el salario mínimo en Colombia es muy alto- y la pobreza toca el 64% de la población.

Si a ello se une un gasto muy alto en guerra que reprime con fuerza la inversión social y económica; ello va derivando en niveles de degradación social altamente explosivos, que exigen de fuerza política y social altamente organizada para confrontar la profundización de la arremetida que se avecina del gran capital; fuerza política y social que no logra cohesión para proyectar su accionar hacia el movimiento social y popular a través de una acción programática sustancial que frene dicha arremetida y abra el camino hacia un gobierno democrático con sentimiento antiuribista y posicione una alternativa verdaderamente anti neoliberal.

★VOZ, la verdad del pueblo.